martes, 7 de junio de 2016
lunes, 6 de junio de 2016
Paleros solicitaron al TSJ que los deje sacrificar animales
Los santeros alegan que la prohibición de sacrificar animales viola la libertad de cultos | Foto BBC Mundo / Archivo
El abogado Giogerling Méndez introdujo ante la
Sala Constitucional una acción popular de nulidad con el argumento de
que la Constitución permite la libertad de cultos, por lo que la
prohibición de sacrificio de animales presuntamente violaría los
derechos constitucionales de quienes practican la santería. La sala
admitió la demanda pero aún no ha emitido sentencia
1 de junio 2016 - 07:55 pm
Los seguidores de la religión
Yoruba quieren que el TSJ les permita sacrificar animales como parte de
su práctica y por ello solicitaron la anulación de una ordenanza que
prohíbe el sacrificio de animales.
El
demandante, abogado Giogerling Méndez, introdujo una acción de nulidad
popular, “conjuntamente con medida cautelar” contra la reforma de la
Ordenanza sobre Tenencia, Control, Registro, Comercialización y
Protección de Fauna Doméstica, como puede verse en la sentencia 399, del
18 de mayo de este año.
En esa
acción, el abogado argumentó que la reforma de la Ordenanza, dictada por
el municipio Libertador, lesionaba los derechos constitucionales de los
paleros al prohibir el sacrificio de animales. “Al acatarla se vulnera
la práctica de nuestra religión”, se puede leer en la acción interpuesta
por el demandante.
Con el mismo
argumento, el abogado alegó que la mencionada ordenanza violaba la
libertad de cultos. Añadió que la santería está certificada como
religión por la Unesco. “La matanza de animales con fines rituales en sí
mismos es parte de ciertas religiones, y tales religiones están
amparadas cómo uno de los derechos humanos de primera generación como es
la libertad de religión y culto”, señaló.
La
Sala Constitucional admitió la demanda, pero aún no ha emitido
sentencia definitiva. Asimismo negó la medida cautelar. El ponente es
Calixto Ortega.
viernes, 20 de mayo de 2016
EL PRINCIPIO DE NO
EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA
POR
JORGE W.PEYRANO
1. Enfoque inicial
Reiteradamente
la jurisprudencia (1), y la doctrina autoral (2) hablan del principio de no
exigibilidad de otra conducta para legitimar un proceder distinto de otro que
podría haberse dado y que no se registró. En puridad, representa una dispensa
de la falta de realización de una conducta cuya ausencia de otro modo pudo
haber involucrado una desventaja procesal para la parte omisa.
Desde
un ángulo más teorético, el referido “principio” no es otra cosa –en la mayoría
de los supuestos en los cuales funciona- que una hipótesis en la cual una
conducta procesal omisiva no posee efectos procesales adversos para el autor de
la omisión. Se sabe que : “una de las particularidades que reviste el estudio
de la susodicha doctrina en torno al valor probatorio de la conducta procesal
es advertir que casi siempre aquella valoración es negativa; es decir, que las
consecuencias dadas a la conducta son desfavorables al sujeto cuya actitud se
valora. Los ejemplos de disposiciones que otorgan a la conducta consecuencias
concretas o un valor tasado previo son claros en el sentido expuesto, aunque,
claro, sobre ellos no hay mayores disquisiciones a partir de su regulación.
Pero en los variados supuestos carentes de normas, donde la interpretación de
la conducta ha sido de elaboración pretoriana o doctrinal, también prevalece la
conducta retráctil u omisiva como la falta de colaboración en la producción de
la prueba, la negativa tajante que luego se desenmascara con prueba directa, el
ofrecimiento de prueba inidónea, etcétera” (3). Claro está que también (aunque,
excepcionalmente) la conducta procesal positiva puede asumir el rol de indicio
favorable a su autor (4).
Por
cierto que es en el ámbito de la excepción de defecto legal en el modo de
proponer la demanda, fundada en la falta de determinación cuantitativa de lo
reclamado, cuando tal estimación es razonablemente imposible (5), donde más
habitualmente se nota la invocación del principio que venimos analizando (6).
Empero, igualmente se advierte su incidencia y operatividad en otro sectores
del proceso civil. Seguidamente, examinaremos algunos.
APERCIBIMIENTO SEVERO
A ABOGADO
POR INCUMPLIMIENTO
DE SU OBLIGACIÓN DE
ESTUDIAR VIABILIDAD DE
SUS ACTUACIONES ANTES
DE EJERCER
ACCIONES O RECURSOS
ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
T S J SALA DE CASACIÓN CIVIL 16 de mayo de 2016
Colaboraciòn del colega Deibis Sànchez ( UCAB LARA)
...De forma tal que, la decisión impugnada no se subsume en ninguno de los supuestos de sentencias recurribles en casación a que se refiere el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso extraordinario de casación anunciado en el presente caso es a todas luces inadmisible e infundado, lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho propuesto por la parte demandada. Así se decide.
Es por ello que, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se apercibe severamente al ciudadano abogado José Silvestre Padrón, titular de la cédula de identidad N° 3.514.709, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 39.557, para que en lo sucesivo se abstenga de alegar defensas y promover incidencias, cuando tenga conciencia de su manifiesta falta de fundamentos, no sólo en este asunto, sino en cualquier otro en los que les corresponda asistir o representar intereses ajenos.
En tal sentido, esta Sala reitera que antes de ejercer un recurso o formular cualquier planteamiento, es responsabilidad del abogado estudiar su viabilidad, lo cual supone cerciorarse de que el mismo tenga fundamentación jurídica, es decir, legal, doctrinal y jurisprudencial, ya que sólo así cumple con el deber que le impone el artículo 15 de la Ley de Abogados de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción, y proceder con lealtad, colaborando con el juez, en el triunfo y la correcta administración de la justicia.
http://www.tsj.gob.ve/decisiones#4
Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados
...
En fecha tres (3)
de julio de 2013, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió oficio N° 2013-585 de
fecha catorce (14) de junio de 2013, suscrito por el ciudadano RAMÓN EDUARDO BUTRÓN VILORIA, Juez del Juzgado
Segundo de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque, con
Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del
Estado Trujillo, donde solicita que
se realice diligencias tendientes a la
apertura del procedimiento
administrativo correspondiente por la violación
del artículo 22 del Código
de Ética Profesional del Abogado Venezolano, en contra del ciudadano
DERVIN HERRERA, titular de la cédula de identidad N°
V-5.101.535, Abogado en ejercicio
inscrito en el Instituto de
Previsión Social del Abogado
bajo el N° 130.736. Asunto que se le signó AP61-D-2013-000309 de la
nomenclatura de este Tribunal.
...
Del análisis realizado anteriormente, infiere este Tribunal que los abogados en ejercicio forman parte y por tanto, son intervinientes del “Sistema de Justicia”, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 2 de la Ley del Sistema de Justicia, al ejercer el ejercicio de la abogacía en los tribunales, órganos jurisdiccionales que forman parte del sistema judicial inserto a su vez en el concepto más amplio de “Sistema de Justicia” al cual hace alusión nuestro Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
No obstante a ello, visto que la presente denuncia recae en contra de un interviniente del Sistema de Justicia distinto a los jueces y las juezas de la República –abogado–, le resulta imperioso a este órgano jurisdiccional decretar la FALTA DE JURISDICCIÓN del poder judicial para conocer el presente caso, en virtud de que no se ostenta la potestad para poder determinar la eventual responsabilidad disciplinaria del ciudadano DERVIN HERRERA. Así se declara.
...
De los artículos parcialmente transcritos, se desprende que la potestad disciplinaria sobre los abogados la ejercen los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados por las infracciones a la Ley de Abogados y su Reglamento, así como cualquier conducta que pudiese infringir las normativas éticas que rigen la profesión de la abogacía, pudiendo en su caso imponer las sanciones de amonestación, multa y suspensión.
...
De los artículos parcialmente transcritos, se desprende que la potestad disciplinaria sobre los abogados la ejercen los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados por las infracciones a la Ley de Abogados y su Reglamento, así como cualquier conducta que pudiese infringir las normativas éticas que rigen la profesión de la abogacía, pudiendo en su caso imponer las sanciones de amonestación, multa y suspensión.
APERCIBIMIENTO A ABOGADOS
PARA QUE SE ABSTENGAN DE CONDUCTAS
DESLEALES Y OBSTRUCCIONISTAS
DESLEALES Y OBSTRUCCIONISTAS
SALA CIVIL 11 de julio de 2013
...
 |
En adición a lo anterior, la Sala observa:
La conducta desarrollada en cualquiera de las etapas de un juicio, tanto si proviene de las partes y sus abogados, como de los terceros involucrados de cierta manera en él, puede –y debe- ser objeto de valoración judicial en tanto resulte conducente a los fines públicos y privados del proceso
...
Es por ello que, a juicio de esta Sala, tanto el recurso de casación como el recurso de hecho ejercidos en el presente caso configuran una conducta procesal, temeraria y maliciosa, no acorde con el principio de buena fe procesal, ni con los deberes de lealtad y probidad establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil ..
... Por lo que de conformidad con la norma citada y lo establecido en los artículos 17 y 316, último aparte del Código de Procedimiento Civil, esta Sala apercibe a los abogados Lucilda Ollarves Velásquez y José Dionisio Morales Báez, para que se abstengan, en lo sucesivo, de incurrir en tal conducta, no sólo en este asunto, sino en cualquier otro en los que les corresponda asistir o representar intereses ajenos.
http://www.tsj.gob.ve/decisiones#4
jueves, 19 de mayo de 2016
SANCIONES DISCIPLINARIAS A NO AGREMIADOS
...
El 29 de octubre de 2002, el Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Capital, ciudadano Rafael Veloz, solicitó aclaratoria del referido fallo, respecto de los siguientes puntos:
“1.-¿Cómo el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, puede sancionar a un no agremiado?(artículo 34 de la Ley de Abogados);
2.-¿Quién tiene condición de abogado en Venezuela? (artículo 12 del Reglamento de la Ley de Abogados);
3.- Que se señale clara y concisamente a este ente gremial, el modo estipulado en la motivación de la sentencia, cuando establece que ‘...no se siguió el procedimiento predeterminado por la Ley que, de acuerdo a sus previsiones les permitiera una efectiva y adecuada defensa, ...no se le garantizó que el mismo cumpliera con los parámetros legales que le imponían el debido procedimiento, para los casos de ejercicio ilegal de la profesión de abogados, establecido en los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Abogados...’ cuando los referidos artículos solo son aplicables a abogados agremiados.”.
4.- Que señale clara y concisamente a este ente gremial, el modo estipulado en la motivación de la sentencia, cuando ordena al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados que dicte ‘decisión omitida sobre la existencia o no de mérito para continuar con la averiguación...’, a unas personas que no son agremiadas y que no detentan la condición de abogados frente a la Ley”.
...
La respuesta es que si bien es cierto que los ciudadanos Uisdean Vaas y Glenn Faas, no cumplían con los requerimientos para ser colegiados en el referido ente gremial, ello no quiere decir, que se encuentren exentos de la aplicación de la Ley de Abogados en cuanto se refiere al ejercicio ilegal de la profesión.
..,
Llama poderosamente la atención las interrogantes que formula el Colegio de Abogados, las cuales giran en torno a un mismo denominador, como es que el referido Colegio no puede sancionar a personas no agremiadas.
...
Finalmente, esta Sala aprecia que, tal y como fue señalado en la sentencia objeto de la presente aclaratoria, en el caso de autos, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital no cumplió el procedimiento predeterminado por la Ley que, de acuerdo a sus previsiones permitiera una efectiva y adecuada defensa a los accionantes, ya que, aunque éstos se encontraban en conocimiento del procedimiento que se les seguía, no se les garantizó que el mismo cumpliera con los parámetros legales que imponían el debido proceso, para los casos de ejercicio ilegal de la profesión de abogados, establecidos en la Ley de Abogados, por lo que no bastó entonces, que se les siguiera un proceso, sino que se requería que se siguiera el procedimiento legalmente establecido.
Así las cosas, la sentencia objeto de la presente aclaratoria, que dictó esta Sala el 28 de octubre de 2002, señaló por una parte, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo “se excedió en el uso de sus atribuciones al dejar sin efecto el procedimiento administrativo sustanciado contra los ciudadanos Uisdean Vass y Glen Faas por el referido ente gremial”. Igualmente indicó que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al dictar la sentencia apelada y aplicar en consecuencia el criterio señalado anteriormente, actúo conforme a derecho, en virtud que del contenido de las actas del presente expediente se evidenciaba que el 26 de octubre de 2000, el referido Tribunal Disciplinario notificó a los accionantes que debían comparecer a la sede del Colegio de Abogados del Distrito Capital, pero posteriormente no realizó ninguna otra actuación, para la continuación del procedimiento, tal y como lo señalan los artículos 61 y siguientes de la Ley de Abogados, violentando de esa manera el debido proceso.
... Al no existir en el caso de autos ninguna duda u oscuridad que justifique la aclaratoria o ampliación del fallo antes mencionado, esta Sala estima que la solicitud formulada resulta improcedente, y así se declara.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Diciembre/3103-031202-01-1309%20.htm
AMPARO CONTRA AMPARO
SOBRE DECISIÓN DISCIPLINARIA A
ABOGADO
...Mediante auto del 31 de octubre de 2000, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, “en acatamiento a la decisión del 2 de mayo de 2000, emanada del Tribunal Disciplinario de la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela”, acordó que había lugar a la formación del expediente disciplinario de la abogada Carmen Valentina Araujo Henríquez.
El 6 de noviembre de 2000, la abogada Carmen Valentina Araujo Henríquez, actuando en nombre propio, interpuso acción de amparo constitucional ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada el 2 de mayo de 2000, por el Tribunal Disciplinario de la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela.
De lo anterior se desprende que, el caso que ocupa a esta Sala Constitucional consiste en un “amparo contra amparo”, es decir, en una acción de amparo constitucional contra una actuación judicial recaída en un juicio de amparo previamente instaurado.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2530-041201-01-1815.HTM
DELITO DE PREVARICACIÓN
SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS ABOGADOS
...
De otra parte se observa que en Venezuela el delito de prevaricación está previsto en el artículo 251 del Código Penal, atribuido a abogados, apoderados y otros funcionarios dentro de un proceso judicial o administrativo, estableciendo que “El mandatario, abogado, procurador, consejero o director que perjudique, por colusión con la parte contraria o por otro medio fraudulento, la causa que se le haya confiado, o que en una misma causa sirva al propio tiempo a partes de interés opuestos, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la condena”.
PRIMERO: NO CONSUMADO EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación ejercido por la parte demandante contra la sentencia de fecha once de marzo de 2013 del Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Maracaibo. SEGUNDO: ORDENA se continúe con los trámites procesales correspondientes al presente recurso de apelación. TERCERO: ORDENA oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Zulia oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Zulia, remitiéndole copia certificada de la presente decisión, de la diligencia mediante la cual se formuló el desistimiento al recurso de apelación que corre al folio 118 de la Pieza III del Expediente y de la sustitución de poder que corre agregada al folio 532 y su vuelto de la Pieza II del Expediente, para que actuando en el ámbito de su competencia, proceda a tomar las medidas que considere pertinentes.....
ÓRGANO COMPETENTE PARA EJERCER
EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
...
.. Según la
citada disposición legal, el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza
Venezolana, resulta aplicable a los jueces y juezas que hayan sido investidos
con tal carácter para actuar en nombre de la República en el ejercicio de la
función jurisdiccional de forma permanente, temporal, ocasional, accidental o
provisoria, aunque mediante sentencia de la Sala Constitucional N° 00516 de
fecha 7 de mayo de 2013, se haya limitado su ámbito de aplicación únicamente a
los jueces titulares que hayan ingresado a la carrera judicial por concurso.
Asimismo, dicha norma también establece
que los
demás intervinientes del sistema de justicia, tales como fiscales del
Ministerio Público, defensores públicos, funcionarios adscritos a los órganos
de investigación penal, auxiliares de justicia, custodios del sistema
penitenciario, partícipes de los medios alternativos de justicia, los
ciudadanos o ciudadanas que actúan en la administración de justicia o los
abogados y abogadas autorizados para el ejercicio de la abogacía, deberán ser
sancionados por el órgano, ente o corporación profesional correspondiente según
la ley que rige su actuación, estableciéndose, con carácter subsidiario, la
actuación sancionatoria del Tribunal Disciplinario Judicial.
...En consecuencia, esta Sala declara que el Poder Judicial no tiene
jurisdicción para conocer la solicitud de apertura de procedimiento
disciplinario efectuada por el ciudadano Ramón Eduardo Butrón Viloria actuando
como Juez del Juzgado Segundo de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de
Carvajal y Escuque con Competencia en Contencioso Administrativo y Servicios
Públicos de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo contra el ciudadano
Dervin Herrera en su condición de “abogado en ejercicio” y, en
consecuencia, confirma la sentencia N° TDJ-SJD-2014-034 de fecha 15 de
abril de 2014, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se
decide.
Régimen Disciplinario de los Abogados en Venezuela.
Breves Referencias
al Derecho comparado Latinoamericano
Profesor Carlos Luis Carrillo Artiles 1
Sin lugar a dudas, que una de las profesiones liberales más relevantes dentro del ámbito relacional de la Sociedad es la sensible profesión de Abogado, ya que con su intervención personal en toda gama de procesos o procedimientos y actividad cotidiana de asesoría, defensa, patrocinio, consejo jurídico, asistencia y representación de intereses privados y públicos, entre particulares y ante los órganos del Poder Público, -muy particularmente ante la Rama Judicial en su carácter de Administradora de Justicia- genera un impacto directo en la vigencia del estado de Derecho, en la realización de la Justicia, la Libertad, los valores y la protección de los derechos fundamentales de esa colectividad
SUMARIO
I. Introito.
II. Espectro normativo y subjetivo del Control Disciplinario de la Profesión de
Abogado en Venezuela. III. Órganos
venezolanos que intervienen en la
determinación de responsabilidad disciplinaria, naturaleza jurídica de sus
actuaciones y
su control judicial. Breve comparación con algunas legislaciones
Iberoamericanas. IV. Particularidades del Procedimiento
Disciplinario de los
Abogados en Venezuela. V. Cúmulo de deberes impuestos por la profesión de
Abogado y las Faltas
Reprochables como supuestos de hecho generadores de
responsabilidad Disciplinaria. VI. Elenco Sancionatorio de medidas
disciplinarias para la profesión de Abogado. VII. A título de Epílogo.
Ficha para citar este artículo:
Carrillo Artiles, Carlos Luis. “Régimen Disciplinario de los Abogados en
Venezuela. Breves Referencias al Derecho comparado Latinoamericano”
Libro Homenaje al Centenario de la Academia Nacional de Ciencias
Políticas y Sociales. Caracas 2015.
ISBN – 1316 -6883
1 Profesor de Derecho Administrativo Universidad
Central de Venezuela. Investigador por concurso oposición Instituto de Derecho
Público UCV. Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario.
www.carrilloartiles.tv
Código Deontológico Hispano-Estadounidense
UNITED STATES-SPAIN CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT 2016 EDITION
Codes of Professional Conduct
Volume I
En sentido amplio, la "Deontología Comparada Española-Estadounidense" es el estudio de las similitudes y diferencias entre los códigos, las costumbres, las leyes, los estándares profesionales y la jurisprudencia que regulan el ejercicio de la abogacia en Estados Unidos y España. Este volumen es una recopilación de los principales códigos deontológicos aplicables a los abogados en los Estados Unidos y España. Este volumen está destinado a servir como una herramienta de referencia conveniente para abogados, estudiantes de derecho, profesores de derecho, jueces, agencias gubernamentales,colegios de abogados y otras personas interesadas en los sistemas jurídicos de Estados Unidos y España y para fomentar la cooperación jurídica transfronteriza entre abogados en España y los Estados Unidos.
Territorial Organization
Volumes II-IV
La organización territorial de abogados se deriva de tres fuentes principales de la ley: (1) las normas de admisión a la práctica de la ley dentro de una determinada jurisdicción territorial (2) las normas de organización de los colegios de abogados y (3) los procedimientos disciplinarios para la regulación de abogado mala conducta. Este volumen contiene una compilación de estas tres fuentes principales, incluyendo gráficos y mapas para explicar la organización territorial de los colegios de abogados de un grupo significativo de regiones geográficas de los Estados Unidos y España. Este volumen está destinado a servir a los interesados en los sistemas legales de los Estados Unidos de América y España.
Fecha de lanzamiento Primavera 2016
El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica
(Parte I)
La Deontología Jurídica comprende las reglas del deber y, como tal, tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado del abogado en su ejercicio profesional. Esta función la realiza desde el ámbito de los llamados códigos deontológicos que regulan toda la actividad de la abogacía, los que, a su vez, se nutren, indiscutiblemente, de la Moral y la Ética.
La deontología no es más que la ética profesional aplicada, donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio para todos los abogados a los cuales se dirigen. Existen muchos principios rectores de la Deontología Profesional, entre los más importantes encontramos la justicia, la independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia y conciencia, así como la probidad profesional.
Estos principios brindan contenido y vigencia práctica a la Deontología Jurídica, desde su eminente carácter preventivo, el cual algunas veces se muestra vulnerado por actuaciones indebidas de los abogados y surge, irremediablemente, la posibilidad extrema de imponer sanciones disciplinarias a éstos.
CARTA DE PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA
ABOGACÍA EUROPEA Y CÓDIGO
DEONTOLÓGICO DE LOS ABOGADOS EUROPEOS
El Consejo de la Abogacía Europea tiene como misión principal
representar a los colegios de abogados y Consejos de la Abogacía miembros, sean
estos miembros plenos (aquéllos pertenecientes a la Unión Europea, Espacio
Económico Europeo o Confederación Suiza), o miembros asociados y observadores,
en todas materias de interés común relacionadas con el ejercicio de la
profesión de Abogado, el desarrollo del Derecho y de la práctica relativa al
Estado de Derecho y la administración de Justicia, así como desarrollos
sustantivos de la ley propiamente dicha, tanto a nivel Europeo como
Internacional (Artículo III 1.a del Estatuto de CCBE).
En este sentido, es la representación oficial de los Consejos
y Colegios de abogados, que comprenden en total más de 1.000.000 de abogados
europeos. CCBE ha adoptado dos textos preparatorios, incluidos en este documento,
ambos complementarios pero de naturaleza muy diferente.
El más reciente es la Carta
de principios fundamentales de la abogacía, adoptado en la sesión plenaria
en Bruselas del 24 de noviembre de 2006. La Carta no fue concebida como un
Código Deontológico. El objetivo es que se aplique en toda Europa, llegando
incluso más allá de los Estados miembros, asociados y observadores de CCBE. La
Carta contiene una lista de diez principios fundamentales compartidos por las
normas nacionales e internacionales que regulan la Abogacía.
La Carta pretende, entre otras cosas, ayudar a las Abogacías que
luchan por lograr su independencia, así como mejorar la comprensión entre los
abogados, de la importancia del papel de la Abogacía en la sociedad. La Carta
está dirigida tanto a los propios abogados como a los legisladores y al público
en general.
El Código Deontológico
de la Abogacía Europea data del 28 de octubre de 1988. Este texto ha
sufrido enmiendas en tres ocasiones; La última enmienda tuvo lugar en la sesión
plenaria de Oporto, el 19 de mayo de 2006. Se trata de un texto legal en todos
los Estados miembros: Todos los abogados miembros de Colegios de abogados de
estos países ( sean miembros plenos, asociados u observadores de CCBE) deben
cumplir con el Código en sus actividades transfronterizas en la Unión Europea,
Espacio Económico Europeo y Confederación Suiza, así como con los países
asociados y observadores.
Los dos textos incluyen, un comentario en el primer caso, y un
memorando explicativo en el segundo. No es necesario enfatizar la importancia
de la serie de normas establecidas en estos dos documentos, que representan la
base de la Deontología de la Abogacía europea, contribuyendo a configurar el
concepto de Abogacía europea y de Consejo General de la Abogacía europea.
31de enero de 2008.
jueves, 5 de mayo de 2016
CARÁCTER PERSONAL DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO
En este sentido, acorde con lo establecido por el juzgador de la recurrida respecto a la cesión de honorarios profesionales de abogado, la Sala en sentencia N° 706 del 23 de noviembre de 1999, en el juicio de abogada Emilita Meléndez de Noguera contra Sergio Fernández Quirch, en el expediente N° 99-390, señaló lo siguiente:
“…Dispone el artículo 2o de la Ley de Abogados que: "El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. No puede considerarse como comercio o Industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esta naturaleza".
Esta disposición legal fija los parámetros directos en los cuales se ejerce la profesión de abogado.
El ejercicio de la profesión de abogado, de acuerdo a la ley especial que regula su ejercicio, da derecho al abogado a percibir honorarios profesionales por los trabajos judiciales o extrajudiciales que realice, como lo establece el artículo 22 de la ley respectiva; por tanto, no es una mercancía sujeta a la oferta y la demanda, de donde se colige que el ejercicio de la profesión de abogado está unido íntimamente a la persona que ejerza tal profesión, de tal manera que está legalmente protegido por la Ley, sancionándose a quienes ilegalmente ejercen la profesión de abogado (artículo 30 y 31 de la Ley).
Los honorarios del abogado, como los de cualquier profesional que ejerce su profesión, no son sueldo o salario, la palabra viene de honor, que sirve para honrar, lo cual significa como lo destaca la propia ley especial, que no es un comercio ni industria.
"...Por honorarios se entiende la retribución que recibe por su trabajo quien practica un arte liberal. Es voz que se emplea siempre en plural proviniendo del latín honorarius,adjetivo que se aplica a un beneficio o retribución que se da con honor. Esta idea o concepto deriva de que en Roma se denominaron honores a los oficios o empleos públicos que por concesión especial llevaban consigo el derecho de percibir una parte de los impuestos" (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIV, pág. 472).
El autor Von Ihering en su obra El Fin del Derecho señala que "la antítesis del trabajo oneroso y el trabajo gratuito en la antigua Roma, corresponde a la oposición del trabajo corporal al trabajo intelectual. Solamente aquél, no éste, tiende la mano al salario. Esta concepción se encuentra en todos los pueblos ya que el trabajo corporal es un hecho sensible. El que a él se somete lo siente; un tercero lo ve, y no sólo ve el acto mismo del trabajo sino que comprueba el resultado. Únicamente el trabajo corporal merece salario, porque sólo él ha costado sufrimiento; porque según el uniforme concepto que uno se forja sólo él crea. El trabajo intelectual, por el contrario no es considerado como trabajo, no fatiga al hombre, no le causa ningún esfuerzo. El lenguaje ha establecido claramente la distinción entre los dos campos de actividad; habla de salario cuando se trata del primero; para el segundo se ha suprimido de propósitos el nombre y lo sustituye con otros diferentes. El escritor, el compositor, el abogado, el médico, no reciben un salario perciben honorarios; el empleado cobra un sueldo (gratificaciones en caso de servicios extraordinarios); el militar una paga" (pág. 56 y siguientes).
En tiempos de Roma, se consideraban los honorarios como derivado de un oficio como inherente a la persona, que mereció éste. Por esta razón prohibieron la transferencia del cobro de honorarios en la vida y también después de la muerte (post-morten) del abogado.
De lo anteriormente expuesto, se puede decir, que los honorarios profesionales del abogado se encuentran unidos a la persona del mismo, no pudiendo ser separado o escindido de la persona del abogado; es un derecho personalísimo, que no es susceptible de cambiar de titular, es pues, intransmisible, porque constituye un elemento de la persona misma del abogado actuando en un caso concreto.
Los artículos 22 y 23 de la Ley de Abogados dan una idea muy clara de lo estrictamente personal de los honorarios profesionales cuando establecen que... "El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice..." "...el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado sin otras formalidades que las establecidas en la Ley".
De las normas precedentes, se demuestra palmariamente que los honorarios profesionales del abogado, son estrictamente personales y, solamente el titular de ese derecho es el que se encuentra autorizado por la ley para exigir su pago aun con el auxilio de la justicia, si fuere necesario.
Por tanto, en criterio de este Alto Tribunal, los honorarios profesionales del abogado no son susceptibles de ser transmitidos ni cedidos a un tercero, que aunque sea profesional de la abogacía, no ha tenido ninguna actividad ni injerencia en el asunto.
En relación con la cesión de derechos, los autores franceses Ambrosio Colin y H. Capitant, en su laureada obra de Derecho Civil, definen la figura de la cesión de derechos como "el acto jurídico en virtud del cual un acreedor transfiere su crédito al cesionario, de modo tal que éste se convierte en acreedor en su lugar", y agregan: "La operación está regulada en el Código Civil en el título de la venta. En efecto, en la inmensa mayoría de los casos, la cesión se verifica en virtud de precio en metálico, constituye entonces, sin duda una variedad de la venta...". (Tomo 3o, pág. 333, 4a Edición Española, 1960).
El autor patrio, Doctor Aníbal Dominici en su obra Comentarios al Código Civil Venezolano, dice:
"La cesión de créditos y derechos es, como la venta, un contrato consensual, bilateral a título oneroso, y tiene los mismos elementos que ella: cosa, precio y consentimiento.
En toda cesión figuran tres personas: el cedente, que es el dueño del crédito; el cesionario, la persona a cuyo favor se hace la cesión, y el cedido o deudor cedido, que es el individuo obligado por el crédito.
En su acepción general, cesión significa traspaso, por manera que la cesión de derechos se encuentra en todo acto o contrato en que aquellos se transmiten por consecuencia de la declaración hecha o de la convención celebrada. Pero, la ley se contrae aquí a los derechos o acciones personales que pueden ser enajenados, y que se transmiten por actos entre vivos, aunque esos derechos personales se refieran a bienes individualmente determinados, como los que provienen de un contrato de arrendamiento.
Los derechos reales, dominio, posesión, usufructo, servidumbres prediales, etc.; se rigen en cuanto a su cesión o traspaso por otros preceptos.
Queda dicho que no pueden ser materia de cesión sino los derechos que pueden ser enajenados y trasmitidos de persona a persona. Será por consiguiente írrita la cesión de los derechos que son eminentemente personales como los de uso y habitación, y los de alimento, o los que no pueden ser objeto de venta como las esperanzas de heredar en una sucesión futura, y en general todos los que por la ley están libres de embargo y ejecución". (Tomo II, pág. 401)…”.
La jurisprudencia antes transcrita, con base en los artículos 22 y 23 de la Ley de Abogados, establece que los honorarios profesionales del abogado, no son susceptibles de ser transmitidos ni cedidos a un tercero, que aunque sea profesional de la abogacía, no ha tenido ninguna actividad ni injerencia en el asunto, por tanto, son estrictamente personales y, solamente el titular de ese derecho es el que se encuentra autorizado por la ley para exigir su pago.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/187430-RC.000268-26416-2016-15-641.HTML
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